Por: Candela Gómez Abal 

La pandemia de Covid-19 ha obligado a los Estados a crear políticas que ayuden a mejorar las condiciones sanitarias, económicas, sociales y educativas, entre otras. Las sociedades deben adaptarse a las nuevas normas y a la nueva realidad, especialmente a las políticas de aislamiento social o cuarentenas estrictas que han implementado, en mayor o menor medida, los distintos gobiernos.

La situación es aún más compleja para aquellas mujeres obligadas a quedarse en donde son víctimas de diversos abusos por parte de sus parejas o familiares. La cuarentena significa para ellas todo tipo de actividades fuera del hogar que puedan ser un escape de lo que viven puertas adentro.

En marzo pasado la jurista croata y relatora especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Dubravka Šimonović, advirtió que las tasas de violencia doméstica contra la mujer podrían ir en aumento por la cuarentena. Los abusos en el hogar empeoran en los casos de aislamiento preventivo o cuarentena. Šimonović hizo un pedido a todos los Estados, teniendo en cuenta que si bien deben realizar esfuerzos significativos para paliar la crisis económica y sanitaria que significa el Covid-19, no debían dejar de lado el bienestar general de las mujeres y niños, prestando especial atención a las situaciones de abuso que pudieran surgir durante el encierro.

El contexto general para estas mujeres no sólo se dificulta al interior de las casas. Surge la desesperada necesidad refugiarse (a veces sola y otras con sus hijos) en centros de ayuda, pero éstos pueden encontrarse cerrados o sin disponibilidad, siendo rechazado su ingreso y obligándola a volver a su casa o buscar otras alternativas para no regresar. En casos de radicar denuncias podría encontrarse con tribunales cerrados, lo que imposibilitaría que la misma fuera elevada a la Justicia.

Es por estas razones que los gobiernos debieron implementar medidas lo antes posible para disminuir el incremento en las tasas de femicidios, pero también de los casos de violencia de género. Es de suma importancia que la seguridad de las mujeres no se vea comprometida y es por ello que el accionar de los países es tan importante. Una posibilidad es habilitar una línea para denuncias telefónicas o aumentar el presupuesto para las acciones contra la violencia. Puede exceptuarse a las mujeres de la cuarentena en los casos en los que deban salir para radicar una denuncia o buscar refugio, así como también no permitir que los centros de atención expulsen a las mujeres y proveerles lo necesario para cuidarlas.

Las denuncias telefónicas pueden suponer una dificultad, considerando que algunas mujeres las evitan por miedo a ser descubiertas por sus abusadores. Por eso han comenzado a difundirse a través de redes sociales videos con sugerencias, desde imágenes con música de fondo donde una mujer muestra carteles con instrucciones para denunciar, hasta hilos en Twitter en los que se ofrecen un espacio para recibir mensajes privados pidiendo que la otra persona realice la denuncia por ella.

Garantizar la seguridad de la mujer es un trabajo en conjunto, tanto de los gobiernos como de toda la sociedad, y en estos momentos surge la necesidad de incrementar todas esas medidas y propiciar una debida atención a aquellas personas que se encuentran en situaciones de riesgo. La violencia no frena durante la pandemia, el abuso continúa e incluso empeora, y es el deber de todos visibilizarlo, así como es el deber de los gobiernos proteger a su población.

El propósito de este artículo, lejos de buscar criticar a los gobiernos que han implementado cuarentenas, es analizar las diversas políticas que han tomado los dirigentes de diferentes países del mundo en materia de género, para brindar asistencia y herramientas a las mujeres que se encuentran en situaciones desfavorables y peligrosas. Todos los datos que se presentan aquí han sido recopilados por el Observatorio Mundial de Coronavirus del Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales (CEERI).

Un primer caso es el gobierno de la República Argentina. En marzo se implementó un refuerzo en la línea 144, que brinda asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas y todos los días del año. Esta línea es anónima, gratuita y nacional. Debido a las consecuencias del aislamiento social, se sumaron a los canales de comunicación WhatsApp, email y una aplicación a través de la cual puede realizarse un test online para determinar posibles casos de abuso, así como también llamar o enviar un mensaje a la línea para obtener asistencia. La aplicación ofrece un mapa de establecimientos que ofrecen atención. A su vez se lanzó la campaña #BarbijoRojo: cuando una mujer pide un barbijo rojo en una farmacia, el personal debe activar un protocolo para brindar ayuda inmediata.

A eso se le suma la decisión administrativa 524/2020, que garantiza la excepción del aislamiento social, preventivo y obligatorio para todo establecimiento relativo a la atención de víctimas de violencia de género.

En abril se aprobó la resolución 15/2020 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y diversidad. La misma establece la exención de la cuarentena tanto para mujeres como para personas LGBT, solas o en compañía de sus hijos, en caso de que salgan a radicar una denuncia o solicitar asistencia ante una situación de violencia. También se generó un acuerdo entre este ministerio y Facebook para ampliar la capacidad de atención de la línea 144 a través de WhatsApp.

Por otro lado, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, a través del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos (MMFDH), lanzó una campaña de concientización y enfrentamiento de la violencia doméstica. En mayo, la Universidad Federal de Bahía, en asociación con la Policía Militar de dicho estado, inició el proyecto Vida Na Covid, con el fin de supervisar las llamadas de mujeres víctimas de violencia y mejorar la atención y contención.

En junio, el gobierno federal publicó la ordenanza 86, que establece un seguimiento de servicios de asistencia a víctimas de violencia. A partir de un trabajo en conjunto entre el Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios y la plataforma Educación Libre, el MMFDH habilitó un curso gratuito de “violencia doméstica y familiar contra las mujeres durante el aislamiento social”, dirigido principalmente a instituciones que pertenecieran a la red de servicios para mujeres.

El Sistema de Trenes Urbanos Belo Horizonte (CBTU-BH), en conjunto con el Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais, promovió la aplicación MG Mulher, que brinda apoyo a las mujeres que sufren violencia doméstica.

Finalmente, el MMFDH lanzó el recurso #ExisteAjuda, que consiste en una notificación en el área de búsqueda de la red social Twitter con información sobre la Línea 180, de violencia doméstica y familiar, y la red de servicios para mujeres en situaciones de violencia y vulnerabilidad socioeconómica.

Siguiendo con los países latinoamericanos, el gobierno de Paraguay promovió en marzo la línea 137 para atención de casos de violencia contra la mujer. En junio se aprobó una ley de monitoreo electrónico, que obliga a llevar una pulsera electrónica de rastreo a toda personas procesadas por violencia de género.

El gobierno de Uruguay acordó con la Corte Suprema de Justicia que todo juzgado especializado en violencia de género debe considerar las fechas de caducidad de todas las medidas cautelares, tales como tobilleras electrónicas o custodias policiales. Asimismo, se habilitó una línea telefónica de apoyo y contención psicosocial, gestionada por personal especializado de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que funciona las 24 horas atendiendo casos de violencia doméstica o intrafamiliar.

Pasando ahora a Europa, en mayo el Estado español destinó fondos a los programas de protección contra la violencia de género. El Observatorio de Igualdad de Género en el Ámbito de la Cultura estableció un compromiso para evitar que las medidas adoptadas en la lucha contra el Covid-19 supusieran un retroceso en las medidas adoptadas respecto a igualdad de género.

En el caso del Reino Unido, se implementó en febrero una asistencia económica de emergencia con el fin de apoyar a las personas más vulnerables de la sociedad, entre las cuales se encuentran sobrevivientes de abuso doméstico y violencia sexual. A partir de mayo se destinaron 10 millones de libras para ayudar a víctimas de violencia doméstica. Toda organización benéfica en contra del abuso y la violencia de género puede aplicar para recibir fondos.

En Suecia se incrementó el presupuesto destinado a organizaciones que trabajan con víctimas de violencia de género. A su vez, se designó a la Agencia de Igualdad de Género el crear métodos de ayuda y difusión a través de campañas y nuevos canales de información para las víctimas. El gobierno destinó 100 millones de coronas suecas (cerca de 10 millones de dólares) a ONGs que trabajen con niños, mujeres y personas LGBT que sufren violencia y cuyas actividades se hayan desarrollado por un mínimo de dos años.

Mientras tanto, Sudáfrica prohibió la expulsión de cualquier hogar o albergue de mujeres víctimas de violencia de género.

Consideraciones finales

Si bien son muchos los países que han tomado medidas relativas a cuestiones de género y seguridad de mujeres durante la pandemia, también existe un gran número que no las han tomado o no les han dado suficiente difusión. Ciertas medidas se han repetido en diferentes países, como la creación de líneas telefónicas o aplicaciones para facilitar denuncias y contención, o el mayor aporte financiero destinado a entidades que alberguen o asistan a mujeres víctimas de violencia de género.

Es importante destacar a los gobiernos que han tomado medidas en este contexto para proteger la seguridad  e integridad de la mujer entendido que la problemática de género no cesa a pesar de la pandemia.